La forja de la nación rumana (IV): la época de los Reglamentos Orgánicos

Recupero de nuevo una antigua serie de entradas que este blog ha dedicado al nacimiento de Rumania y que detuve hace meses, tras describir la derrota del insurrecto Tudor Vladimirescu frente a los turcos.

La sublevación de 1821 tuvo como consecuencia positiva el fin del régimen fanariota, de modo que el sultán situó en el trono válaco a Ioan Sturdza y en el moldavo a Grigore Ghica. Los griegos fueron apartados de la Administración y se nombraron obispos rumanos. A pesar de todo, los turcos no pudieron evitar la creciente influencia rusa en la zona, hasta el punto que en la Convención de Akkerman entre rusos y otomanos sobre el futuro de los Principados Danubianos, Nicolás I impuso que en adelante los hospodares fuesen elegidos por los Divanes de Iaşi y Bucarest entre los boyardos locales. Por su parte, el sultán se comprometió de nuevo a mantener a los hospodares un mínimo de siete años y a pactar su destitución con los rusos.

 Dos años más tarde, con ocasión del apoyo de Rusia a los independentistas griegos, los Principados fueron nuevamente ocupados, se depuso a los hospodares reinantes y se estableció una administración militar rusa. El Tratado de Adrianópolis, que puso fin a la guerra ruso-turca de 1828-29, confirmó la autonomía, bajo protectorado ruso, de los Principados, devolvió a Valaquia los tres puertos danubianos y la desembocadura del río, anuló el monopolio otomano sobre el comercio exterior de Moldavia y Valaquia, prolongó la ocupación rusa hasta 1834 y obligó a Estambul a pagar una fuerte indemnización de guerra.

Bajo los auspicios del gobernador militar ruso, conde Pavel D. Kiselev (en la imagen), en julio de 1829 se constituyeron sendos Divanes, integrados por boyardos rusófilos bajo la presidencia de los cónsules rusos de Iaşi y Bucarest, encargados de elaborar unos Reglamentos Orgánicos que equiparasen los sistemas políticos de ambos Principados. El resultado fueron dos reglamentos casi idénticos que, por primera vez, unificaban la legislación de ambos territorios. Establecían la división de poderes y la elección de los príncipes por Asambleas extraordinarias compuestas por miembros del alto clero, de la nobleza y, en menor medida, de la burguesía comercial. El poder legislativo recaía en Asambleas cívicas, integradas por diputados de Moldavia y Valaquia y presididas por los arzobispos de Iaşi y Bucarest. Respecto al régimen agrario, la reserva señorial se limitó a un tercio del total y el resto se arrendó a los siervos del feudo, que podían aportar trabajo o un pago en metálico.

Los Reglamentos dejaron parcialmente insatisfechas las expectativas de una opinión unitaria que no contaba con el apoyo ruso, aunque facilitaron que diversos hospodares de la época favorecieran una modernización económica y social que triplicó el área cultivada, produjo una unión aduanera entre Valaquia y Moldavia, abrió el comercio a Occidente, estableció un sistema postal y creó escuelas en lengua rumana. Esta apertura no se produjo en el ámbito político, aunque continuaron difundiéndose las ideas liberales entre los boyardos con formación cultural francesa y entre las capas medias de la población.