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¿Qué pasa en Roşia Montană? (II)

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Con el objetivo de convencer a los habitantes de Roşia Montană, RMGC desplegó una campaña informativa sobre los beneficios del proyecto, cifrados en 2.300 millones de dólares para la economía rumana[1] - una parte de los cuales, lógicamente, se destinarían al presupuesto local -, en 2.300 puestos de trabajo directos durante el período de construcción de la mina y en un total de 3.600 puestos de trabajo, directos e indirectos, durante la operación. RMGC ha empleado el método de mercado para negociar las contrapartidas con los habitantes y las autoridades locales, garantizando la contratación de personal autóctono, la rehabilitación medioambiental de la zona tras finalizar el período de concesión, la recuperación del centro histórico de Roşia Montană e inversiones para el desarrollo turístico de la zona, incluyendo campañas arqueológicas, valorización del patrimonio técnico-industrial, construcción del Museo de la Minería, etc. Las propuestas de RMGC han sido bien recibidas por la mayoría de la población local, que ante las protestas de algunos vecinos y de una buena parte de la sociedad rumana, se ha organizado en la plataforma Sindicatul Viitorul Mineritului (Sindicato para el futuro de la minería) y ha desarrollado una campaña de manifestaciones, encierros y protestas a nivel local titulada Da pentru Roşia Montană  (Sí a Roşia Montană).

En el otro extremo, un sinfín de instituciones y grupos de todo el espectro ideológico[2], se han manifestado en contra del proyecto de RMGC, agrupados en torno a la plataforma Salvaţi Roşia Montană (Salvad Roşia Montană), establecida por vecinos de Roşia Montană afectados por los traslados forzosos y la destrucción de inmuebles (casas e incluso alguna iglesia) a los que el proyecto obliga. A pesar de todo, los problemas empezaron para RMGC cuando, a finales de 2004, presentó la documentación para obtener los permisos medioambientales para la ejecución del proyecto y, posteriormente, el estudio de impacto ambiental. Durante años, RMGC no ha conseguido obtener todas las licencias necesarias, viendo como el proyecto se retrasaba en los pasillos del Ministerio de Medio Ambiente mientras la opinión pública tomaba conciencia del problema y el ambiente se enrarecía. A todo ello había contribuido, sin duda, el accidente ocurrido el 30 de enero del año 2000 cuando, tras un período de condiciones climatológicas extremas, se rompió el dique de contención de los residuos mineros de una explotación de oro en Baia Mare y se vertieron 100.000 m3 de barro y aguas residuales contaminadas con cianuro y metales pesados en los canales de desagüe al río Lapus, un afluente del Somes, a través del cual alcanzaron el río Tisza, el curso superior del Danubio a su paso por Belgrado y, finalmente, el Mar Negro. La terrible contaminación transfronteriza tuvo graves consecuencias para la biodiversidad, los ecosistemas fluviales, el abastecimiento de agua potable y las condiciones socioeconómicas de las poblaciones afectadas.



[1] También se han calculado unos beneficios adicionales para la economía rumana de 3.000 millones de dólares en inversión en recursos humanos, construcción, electricidad, materiales, transporte, reactivos, piezas de repuesto y otros.

[2] Paradójicamente, desde pequeños grupos de extrema izquierda hasta la extrema derecha nacionalista, pasando por la Casa Real rumana, la Academia Rumana, las iglesias ortodoxa y católica, ONG, movimientos ecologistas o de protección del patrimonio pero, sobre todo, un elevado número de ciudadanos anónimos, indignados por el devenir político de Rumania.  

11/01/2014 17:28 legiovhispana #. Actualidad

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